casos inexactos

CASOS

 
 
 

Daniel Acosta

Anderson Daza

Anderson Daza Hernández

El 10 de febrero de 2015, en el municipio de Santa María, Huila, cerca de los límites de Planadas, Tolima; se realizó un operativo militar por parte de la Brigada Móvil No. 8 para atacar a la columna Móvil Héroes de Marquetalia de las FARC que opera en el lugar.

En el cruce de balas, resultó muerto y presentado como guerrillero Anderson Daza Hernández de 29 años -quién se dedicaba a la piscicultura-. Trabajaba en su cultivo de truchas cuando ocurrió el asalto militar. 

Casado y con una hija, Anderson fue presentado a la opinión pública por parte del Brigadier General Pablo Bonilla Vázquez, como un occiso que vestía de negro -como suele hacerlo la guerrilla para confundirse con la población civil, sostiene el ejército-, portando un fusil al momento de la defunción, tal y como lo registró la Sijin en su proceso de levantamiento de cadáver. La Madre de Anderson, María del Carmen Hernández, sostiene que su hijo no era guerrillero y que, además, fue sometida a insultos por parte del ejercito para reclamar el cuerpo de su hijo. La Asociación Agropecuaria Multisectorial de Santa María, en conjunto con sus habitantes, realizaron una marcha en protesta por la muerte y esclarecimiento de los hechos el 16 de febrero.

 

Camilo Cuervo

Jardines de Sucumbios

4 jóvenes reclamados por los familiares en Nariño

El 17 de mayo de 2014, 4 jóvenes fueron asesinados en la Vereda Alto Amarradero, corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbios, Municipio de Ipiales en Nariño, por el ejército. Sus nombres eran José Antonio Jacanamejoy -indígena del Putumayo, afiliado a la Junta de Acción Comunal-, Brayan Yatacue Secue -indígena Nasa que vivía en la zona con su tío-, José Yiner Esterilla -quien formaba parte Consejo Comunitario afro-descendiente de Nueva Esperanza-, y Deivi López Ortega - de 14 años de edad. El ejercito apareció la madrugada de ese día, entrando a las casas y pidiendo los celulares de los habitantes. Momentos después se escuchan disparos en una casa y cuando la comunidad llega allá, los cuerpos de los jóvenes se encontraban dentro de bolsas blancas. Sin dejar que los familiares de las víctimas revisaran los cuerpos, los mismos soldados mostraron fotos tomadas con celulares de los cadáveres. Así fue como se identificaron a los jóvenes. Al lugar llegó un helicóptero del ejército, llevándose los cadáveres y los soldados. Ese mismo día se difundió un comunicado de prensa por parte de la VI División y la Brigada de Selva N.27 del Ejército, en donde se afirmaba que los jóvenes hacían parte del frente 48 de las FARC, y que con ellos se encontraron elementos de guerra, tales como “tres fusiles AK-47, once proveedores para fusil, 418 cartuchos calibre 7.62mm, cuatro equipos de campaña, tres chalecos multi-propósito”, entre otros objetos. El día 18 de mayo, los familiares junto con la ayuda de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, se trasladaron hasta Puerto Asís a recoger los cadáveres. Después de esos incidentes, la fuerza pública no se ha hecho presente en la Vereda Alto Amarradero. Algo similar había ocurrido en septiembre de 1999.

 

Julián Escobar

Sin título

Jorge Enrique Hernández y Mauricio Hernández Cuadrado

Los “revoladores” son personas que se ganan algún dinero en las terminales de transporte consiguiendo pasajeros, cargando maletas y revisando el aire de las llantas de los buses. Dos de ellos en la ciudad de Tunja, Jorge Enrique Hernández y Mauricio Hernández Cuadrado de 34 y 26 años de edad respectivamente, desaparecieron en 2008, para que luego sus cuerpos aparecieran como bajas por parte del ejército en su lucha contra la Guerrilla. Ambos vivían en las calles de Tunja durante algunos periodos de tiempo, dada su adicción a las drogas, lo cual nunca impidió que mantuvieran constante comunicación con sus familias. Mientras que Jorge recibió una oferta de trabajo por un sueldo de 800 mil pesos, donde se proporcionaría además la vivienda y la comida, a Mauricio le aseguraron un trabajo en Soacha. En Marzo de 2008 Mauricio apareció muerto en a vereda Cómeza Baho, zona rural de Socotá en Boyacá. El batallón Tarquí del Ejército Nacional en Sogamoso aseguró que Mauricio era un correo humano de las FARC y que murió en combate. 4 meses después de la muerte de Mauricio, Jorge desapareció y su cuerpo no apareció sino hasta tres años después. El registro afirma que murió a manos del Batallón de Infantería No.1 General Simón Bolívar, y algunos medios de comunicación se refirieron a Jorge como un delincuente del narcotráfico, asesinado el 4 de julio de 2008. El caso de Jorge permanece sin respuesta por parte de las autoridades, empero, en el caso de Mauricio, se condenaron a 25 años de cárcel al cabo Diego Hernán Moreno y el soldado Segundo Yebrail Galvis del Batallón Tarqui de Sogamoso. Muchas familias con familiares que viven en la calle o tienen problemas de drogadicción, y que han muerto en casos de asesinatos extrajudiciales, enfrentan un doble estigma por parte de la sociedad y de la fuerza pública, utilizando esta última como argumento para justificar los hechos y las circunstancias de las muertes. 

 

Otoniel Borda

Dios y Patria

Ejecución extrajudicial en el Huila

Miller Andrés Baldón vivía en Neiva y trabajaba en el centro de la ciudad como estatua humana. Tenía 25 años y se encontraba fuertemente unido a su abuela, Silvia Segura, con quien compartía algunas noches en la casa de esta. Tenía un problema de adicción a las drogas y él mismo se internaba en los centros de rehabilitación cuando sufría decaídas. Un día le ofrecieron un trabajo como recolector de café, en donde le aseguraban la comida, hospedaje y ropa nueva. El 18 de julio de 2008 la abuela de Miller recibió una llamada, en donde le comunicaban que su nieto había sido dado de baja en un combate del ejército contra el frente XIII “Timaco” de las FARC. Reportado como guerrillero caído en combate, la abuela no creyó la historia, pues tan solo 3 días antes su nieto había estado con ella en casa. El cadáver se encontraba en Pitalito, a 200 km de Neiva, con signos de tortura y ropas que no eran las de Miller. Silvia no pudo pagar el regreso del cuerpo hasta su ciudad, de modo que fue enterrado en Pitalito, pero en cambio, recolectó firmas de todas las personas que conocieron a su nieto y las presentó a la Fiscalía, para luego enfrentar al coronel Marcos Pinto Salazar, quien comandaba el batallón en ese momento.

 

Carolina Rodríguez Fuenmayor

Sin título

Hostigamiento a soldados

El testimonio del Sargento Carlos Eduardo Mora ha contribuido a la condena de un teniente coronel y numerosos soldados por falsos positivos. 

En represalia, ha recibido amenazas de muerte, y ha sido hostigado y ha sufrido intentos de estigmatización por altos oficiales del Ejército. Indicó que, en 2013, funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo contra su voluntad en una clínica psiquiátrica, presuntamente con la intención de desacreditarlo. En 2014 un general hizo declaraciones frente a él y un grupo numeroso de integrantes de contrainteligencia del Ejército, en las cuales insinuaba fuertemente que era un “traidor”.

En abril de 2015, el Ejército inició una investigación disciplinaria contra Mora debido a las declaraciones que efectuó a los medios de comunicación con respecto a los falsos positivos y los abusos que ha sufrido como testigo, sin autorización de sus superiores.

 

Simón Susacón

Título: Cadáver exquisito

Militares implicados

El Teniente Coronel (r) González del Río, que ha admitido en forma pública tener responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos, declaró a la Fiscalía que varios generales sabían de, autorización y/o encubrieron estos delitos cometidos por sus tropas. En su testimonio mencionó al General Rodríguez Barragán, entonces comandante de la Cuarta Brigada y actual comandante general de las Fuerzas Militares, y al General (r) Hernando Pérez Molina, entonces comandante de la Tercera División, entre otros. Según señaló González del Río en su testimonio ante la Fiscalía, el General (r) Montoya, comandante del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate -sancionándolos cuando no lo hacían- y fue el principal “motivador” de los falsos positivos. En un testimonio ofrecido a la Fiscalía, otro alto oficial del Ejército que ha confesado su participación en falsos positivos identificó como causa de estas muertes a la “política” de Montoya que exigía que hubiera muertos en combate.

 

Entre todos construyendo memoria

Es un lienzo para ser libremente intervenida.

Implicación de militares en ejecuciones extrajudiciales en Casanare

En el testimonio del teniente retirado Marco Fabián García, quien fue ex comandante de un grupo Delta adscrito a la Décima Sexta Brigada, se observa cómo miembros del ejército planificaban y cometían ejecuciones extrajudiciales con la intención de lograr cuotas de bajas mensuales y obtener beneficios personales, tales como 5 días libres del servicio o remuneraciones económicas.

García declaró que el general Henry William Torres Escalante, quien estuvo al mando de la brigada, ordenó, entre otros 66 casos investigados, la muerte, encubrimiento y creación de evidencia de dos campesinos, un padre y su hijo de 16 años, que no se encontraban armados, el día 16 de marzo de 2007. García aseguró que Torres Escalante dijo que los dos campesinos pertenecían a la guerrilla y dio la orden directa de matarlos. García y sus soldados asistieron a la vivienda del padre y lo ejecutaron junto con su hijo, les colocaron armas, obteniendo unafelicitación de “buena labor” por parte del general Torres Escalante.

(Tomado de Human Rights Watch: “El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del ejército colombiano por ejecuciones de civiles)

Mariana Rojas

Sin título

11 jóvenes desaparecidos en

Toluviejo, Sucre

Estas desapariciones tuvieron lugar entre julio y agosto de 2007. Los jóvenes tenían edades entre los 16 y 27 años. Tras responder a un aviso para trabajar en una finca ganadera en San Marcos, Sucre, en al cual ofrecían un sueldo de 800 mil pesos, hospedaje y alimentación, varios jóvenes partieron en diferentes momento para trabajar allí. 

Los primeros en partir fueron Carlos Alberto Baleta y Luis Alberto Pérez, seguidos días después por otros tres jóvenes. Meses después fueron reportados como guerrilleros caídos en combate. Un tío de los jóvenes involucrados, resultó asesinado pues trató de investigar la procedencia de la finca y el trabajo ofrecido, temeroso de que se tratara de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. 

El último desaparecido fue Evin David Paternina Parra, de 16 años y con discapacidad cognitiva, cuyo cuerpo sigue extraviado hoy en día. Las familias buscaron ayuda por parte de las autoridades competentes -Defensoría del Pueblo, autoridades locales y la extinta Acción Local- pero en muchas ocasiones la ayuda fue negada. Los cuerpos fueron encontrados como N.N. en los cementerios de Chinú, Córdoba y Sincé, Sucre. Tras investigaciones por parte de la Fiscalía de Medellín, fueron imputados cargos a los reclutadores Andrés Gregorio Pacheco, Robinson Barbosa y Andrés Pacheco; a los soldados Luis Miguel Sierra e Iván Contreras -que fueron los enlaces con el ejército-; al coronel Luis Fernando Borja -quien acogió la sentencia anticipada y aceptó haber cometido cerca de 50 asesinatos; el mayor Julio César Parga Rivas del Gaula de Sucre -quién ya fue condenado-; y se espera la sentencia contra Orlando Céspedes Escalona. 

Lista de las víctimas pasadas como guerrilleros:

Carlos Alberto Baleta y Luis Alberto Pérez - Frank Arley Padilla Bandera, Deimer José de Hoyos Rodríguez y John Jairo Colón Ayala Manuel Enrique Jiménez y Luis Fernando Mejía Vives - Cristian Vergara Osuna, Julio Rafael Julio Olivero y Juan Bernardo Patrón Viloria - Evin David Paternina Parra (Desaparecido)

 

Alex Rojas

Lloró

Julián Guevara Ramírez

Un madedero de 40 años en Lloró, Chocó, fue presentado el 19 de febrero de 2005 como un guerrillero caído en combate. En este corregimiento ubicado a 42 km de la capital chocoana, Julián Guevara Ramírez fue apresado por efectivos del ejército en horas de la noche en Nipurdú, vereda de Lloró, en donde se encontraba tomando con otros compañeros en la tienda del pueblo. Fue llevado en contra de su voluntad en una barcaza del ejército por el Río Andagueda. Al día siguiente, los uniformados regresaron al pueblo con un cadáver que referían como guerrillero. Uno de los diez hermanos de Julián se enteró que él estaba en el puesto de salud. Cuando llegó allí, encontró el cadáver de su hermano con unas botas puestas que no eran de él, así como con ropa de camuflaje. Se dice que Julián murió de un disparo en el pecho, sin embargo, la camisa que llevaba puesta no tenía el agujero dejado por el proyectil. Lo cierto es que el 22 de marzo de 2003, Julián y otros compañeros fueron retenidos por ser presuntos colaboradores de la guerrilla, lo cual les valió siete meses de cárcel hasta que una sentencia los absolvió de todos los cargos. Julián había avisado a la Personería municipal que tras su detención, había recibido amenazas en contra de su vida.

 

Juan Felipe Martínez

El túnel al final de la luz

Masacre de jornaleros en Arauca

El 10 de enero de 2007, tres hombres fueron asesinados por miembros de la brigada V del Ejército Nacional en la zona rural de Tame, Arauca. Los jóvenes eran Alonso Rodríguez (23 años), Flavio Ariza Ortiz (20 años) y José Jeremías Vargas. En horas de la mañana, llegaron soldados de la brigada V y comenzaron a golpear a los jóvenes en frente de la familia que cuidaba la hacienda en la cual todos trabajaban. Los soldados amenazaron a la familia y les dijeron que se fueran y que no regresarán hasta que ellos acabarán. La familia aseguró escuchar gritos durante horas. Ese mismo día en la tarde, en la radio local habló un coronel informando que 3 guerrilleros habían sido dados de baja. Los familiares de Alonso y Flavio fueron a recuperar los cuerpos en la morgue de Tame, pero se encontraron con los rostros de los jóvenes habían sido quemados con ácido de batería. Después de superar el miedo a las represalias, la familia Rodríguez y Ariza denunciaron el caso en la Fiscalía de Savarena. 5 años pasaron para que el caso pasara a manos de justicia ordinaria, pero aún esperan que la Unidad de Derechos Humanos investigue los hechos y condene a los 5 militares implicados. 

 

Amalia Satízabal 

Enfermo

Hombre Enfermo

El 5 de septiembre de 2007, en un comunicado del Batallón Voltígeros, Unidad orgánica de la Décima Séptima Brigada del ejército, en zona rural del municipio de Carepa, Urabá; se informó de la muerte de dos integrantes de la quinta cuadrilla de las FARC, en donde se habían incautado algunas armas. En las investigaciones que realizó un juez penal militar, Alexander Cortés, encontró inconsistencias en las evidencias archivadas. Por una parte, uno de los catalogados como guerrillero, cuyo nombre era Jesús Alfonso Bedoya, se enfrentó al ejercito con una vieja pistola. Por otra parte, Jesús sufría de insuficiencia renal y según el parte médico del hospital de Carepa, también tenía anemia falsiforme, la cual es una enfermedad hereditaria que provoca fuertes dolores lumbares, lo cual imposibilita el movimiento y cansa rápidamente a la persona. El registro de Jesús indica que pocos días antes de morir, había estado internado en el hospital. Las investigaciones que Alexander Cortés logró sacar de la justicia penal militar a la ordinaria, hicieron que en 2010 fuese destituido como juez penal militar. El brigadier general Jorge Rodríguez, que tan solo estuvo al frente de la Brigada de Carepa nueve meses, luego fue trasladado al cargo de jefe de Derechos Humanos del Ejército.

 

Pablo Cardona

Canción de Fuego

Mujer campesina de Antioquia

El 23 de diciembre de 2007 tropas de la Brigada 17 ejecutaron a la Señora Margarita Giraldo Úsuga, en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, Apartadó, Antioquia. Su vivienda y el yucal que poseía fue atacado con fusiles y aparatos explosivos, para luego reportarla como muerta en combate. Los vecinos aseguran que el combate se dio a varios kilómetros de su vivienda y sólo pudo morir allí si se la llevaron para luego ejecutarla. El ejército reportó falsamente la incautación de dos fusiles en su finca, lo cual es negado rotundamente por todos los que la conocieron. En su cadáver se ensañaron los militares y los miembros del CTI de la Fiscalía, intentando primero enterrarla cono N.N. y luego entregándolo destrozado y con las vísceras esparcidas por todo el cuerpo, para acelerar el proceso de descomposición. El 6 de enero del año siguiente, los militares regresaron a su finca y amenazaron de muerte a su esposo e hijos si no declaraban ante la Fiscalía que “ella era una guerrillera”. Luego ofrecieron dinero del programa de reinserción, si declaraban eso mismo, a lo cual la familia se resistió enérgicamente.

 

Fernando Pinto

Sin título

Vendedor ambulante

El 28 de enero de 2006, Diego Mauricio Castañeda de 26 años, vendedor ambulante en la ciudad de Medellín (Antioquia), llamo a la casa y dijo que al día siguiente iba a visitarnos, ese día un tío de él lo vio en el Parque de Bolívar, y no lo volvimos a ver, se desapareció́.

 Pusimos la denuncia en la Fiscalía. El 9 de marzo de 2007, encontramos su cuerpo y nos dijeron que era guerrillero y que había muerto en combate en el municipio de Cañas Gordas. Solo ahora me entero que con él había matado a otro señor llamado Hernán Darío Galeano Franco, transportador que había salido el mismo 28 de enero a hacer una compras y no apareció. El día 29 de enero llamaron a decir que el señor Galeano estaba detenido en la Estación de Policía de la Candelaria y que el carro estaba en un parqueadero. Sus familiares fueron a la Policía pero no apareció. 

El día 30 de enero de 2006, el Inspector de Policía de Cañas Gordas llamó a la Personería del municipio de Angelópolis (Antioquia), donde había sacado la cédula de ciudadanía Hernán y de la Personería llamaron a la familia y ellos lo encontraron rápido. El Inspector de Policía de Cañas Gordas les dijo a sus familiares que el ejército les debería aclarar porque traían personas de Medellín y se los presentan después como guerrilleros

 

Lucía Parias

Sin título

Raptados en casa

Testimonio: “El 13 de julio de 2003, soldados pertenecientes a la IV brigada del Ejército Nacional llegaron a la vereda La Merced del municipio de Granada (Antioquia) y de mi casa sacaron de la habitación a Yéssica Marcela Quintero de 15 años de edad y a Nelson Abad Ceballos de 19 años; dijeron que no nos preocupáramos que ya regresaban con ellos, eso fue a las 9:00 de la mañana.

Los llevaron por la vía que conduce a las partidas de San Luis y San Carlos, luego regresaron con ellos a la vereda, como a las 3:00 de la tarde. Mataron a Yéssica en la escuela y a Nelson unos metros más lejos. 

Los miembros del ejército sacaron los cuerpos a la cabecera municipal de Granada y luego al municipio de Bello y fueron presentados como guerrilleros N.N. muertos en combate.

En el informe que dan los militares dijeron que Yéssica portaba una su ametralladora y Nelson una pistola. También se dice que actuaron dos unidades militares en el operativo, una el Batallón Pedro Nel Ospina y la otra del Batallón BAJES. Muertes que se presentaron en dos momentos distintos lo que llevó a que se abrieran dos investigaciones penales en la jurisdicción penal militar imposibilitando por dos años localizar los procesos.

Localizamos los cuerpos en Bello y ya la Fiscalía ordenó una exhumación y se comprobó que los restos mortales eran de Yéssica y Nelson. Pero la Fiscalía no nos entregó los cuerpos, y la parroquia que administra el cementerio, como ya llevaban tanto tiempo los sacó de las tumbas y los sepultó en una fosa común, tuvimos que poner una acción de tutela para que los volvieran a identificar y nos los entregaran.”